NORMA : LEY N° 19.884
FECHA DE PUBLICACIÓN : 05-08-2003
FECHA PROMULGACIÓN : 07-07-2003
TÍTULO : SOBRE TRANSPARENCIA, LÍMITE Y CONTROL DEL GASTO ELECTORAL
ÚLTIMA VERSIÓN : 27-07-2016
INICIO VIGENCIA : 27-07-2016
ÚLTIMA MODIFICACIÓN : 27-07-2016 LEY N° 20.937 MODIFICA LÍMITES DE LOS APORTES PROPIOS QUE EFECTÚAN
LOS CANDIDATOS A CONCEJAL EN SUS CAMPAÑAS

 

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LEY N° 19.884
SOBRE TRANSPARENCIA, LÍMITE Y CONTROL DEL GASTO ELECTORAL

TÍTULO I
DEL GASTO ELECTORAL

 

Párrafo 1
Del objeto de la ley y de la definición de gasto electoral

Artículo 1.- El financiamiento, los límites, el control y las medidas de publicidad de los gastos electorales
que realicen los partidos políticos y candidatos, como consecuencia de los actos eleccionarios
contemplados en la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, y en
la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, se regirán por las disposiciones de la
presente ley.

Asimismo, esta ley contiene normas aplicables a los órganos dela Administración del Estado, entendiendo
por tales los mencionados en el artículo 1 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
dela Administración del Estado, sin perjuicio de las otras regulaciones que afecten la responsabilidad civil,
penal o administrativa de los funcionarios públicos dispuestas en la legislación.

Artículo 2.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por gasto electoral todo desembolso o contribución
avaluable en dinero, efectuado por el precandidato en lo que corresponda, el candidato, un partido
político o un tercero en su favor, con ocasión y a propósito de actos electorales.
Sólo se considerarán gastos electorales los que se efectúen por los siguientes conceptos:

a) Todo evento o manifestación pública, propaganda y publicidad escrita, radial, audiovisual o en
imágenes, dirigidos a promover a un candidato o a partidos políticos, cualquiera sea el lugar, la forma y
medio que se utilice. Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en las normas del Párrafo 6° del
Título I de la ley N° 18.700.

b) Las encuestas sobre materias electorales o sociales que encarguen los candidatos o los partidos
políticos, durante la campaña electoral.

c) Derechos de uso o arrendamiento de bienes muebles e inmuebles destinados al funcionamiento de los
equipos de campaña o a la celebración de actos de proselitismo electoral.

d) Pagos efectuados a personas que presten servicios a las candidaturas.

e) Gastos realizados para el desplazamiento de los candidatos, de los dirigentes de los partidos y de las
personas que presten servicios a las candidaturas, como asimismo para el transporte de implementos de
propaganda y para la movilización de personas con motivo de actos de campaña.

f) El costo de los endosos y los intereses, el impuesto de timbre y estampillas, los gastos notariales y, en
general, todos aquellos gastos en que haya incurrido por efecto de la obtención de los créditos recibidos
para la campaña electoral, devengados hasta la fecha en que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el inciso
primero del artículo 41.

g) Gastos menores y frecuentes de campaña, tales como la alimentación de personas, mantención de
vehículos o de las sedes u otros similares. Estos deberán ser declarados detalladamente y no podrán
exceder el diez por ciento del límite total autorizado al candidato o partido político. Será responsabilidad
del administrador electoral mantener la documentación de respaldo o justificarla debidamente en
conformidad a la letra b) del artículo 31 de esta ley.

h) Gastos por trabajos de campaña, proporcionados por personas con carácter voluntario, debidamente
avaluados de acuerdo a criterios objetivos.

Artículo 3.- Para la determinación de los gastos electorales, se entenderá por período de campaña
electoral aquél comprendido entre el día que venza el plazo para declarar candidaturas y el día de la
elección respectiva.

Para este efecto, se considerarán gastos electorales los efectuados en dicho período, independientemente
de la fecha de contratación o pago efectivo de dicho gasto, y aun cuando se encuentren pendientes de
pago.

Entre los noventa y los doscientos días corridos anteriores a una elección, quienes aspiren a convertirse
en candidatos a Presidente de la República podrán, de forma voluntaria, efectuar una declaración de
precandidatura ante el Servicio Electoral, de conformidad al artículo 3 y al Párrafo 3 del Título I de la ley
N° 18.700. En dicha oportunidad, los precandidatos deberán realizar la declaración de intereses y
patrimonio contenida en el artículo 6 bis de la ley N° 18.700 y autorizar al Servicio Electoral la apertura de
la cuenta bancaria a que alude el artículo 16 de esta ley.

En el período señalado en el inciso anterior, los precandidatos a Presidente de la República podrán percibir
los aportes permitidos en los artículos 9 y 17 y efectuar gastos electorales. Los límites al gasto electoral
que se aplicarán a los precandidatos serán equivalentes al diez por ciento de los valores señalados en el
artículo 4°, para la elección presidencial.

Cuando se declare la candidatura de un precandidato, éste continuará utilizando su cuenta bancaria
electoral, conforme a las reglas generales que esta ley establece, y le serán aplicables los límites de gasto
electoral que correspondan según el tipo de elección a que sea candidato en definitiva. Lo gastado durante
el período de precandidatura será imputado a dicho límite, con un tope de veinticinco por ciento.

Los precandidatos cuyas candidaturas no sean declaradas en definitiva deberán presentar su cuenta
general de ingresos y gastos ante el Servicio Electoral al tenor del artículo 41 y, con posterioridad, el
Director procederá a cerrar la cuenta bancaria electoral. En este último caso, los aportes recibidos que no
hubieren sido gastados por el precandidato deberán ser devueltos a los aportantes conforme al artículo
12, a prorrata de sus aportes.

Párrafo 2
De los límites al gasto electoral

Artículo 4.- Ninguna candidatura a Presidente de la República, senador, diputado, alcalde, consejero
regional o concejal podrá sobrepasar, por concepto de gastos electorales, los límites que se indican en los
incisos siguientes.

Tratándose de candidaturas a senador, el límite de gasto no podrá exceder de la suma de mil quinientas
unidades de fomento, más aquélla que resulte de multiplicar por dos centésimos de unidad de fomento
los primeros doscientos mil electores, por quince milésimos de unidad de fomento los siguientes
doscientos mil electores y por un centésimo de unidad de fomento los restantes electores en la respectiva
circunscripción.

Los candidatos a diputado no podrán exceder la suma de setecientas unidades de fomento, más aquélla
que resulte de multiplicar por quince milésimos de unidad de fomento el número de electores en el
respectivo distrito.

El límite de gasto de los candidatos a alcalde no podrá exceder de la suma de ciento veinte unidades de
fomento, más aquella que resulte de multiplicar por tres centésimos de unidad de fomento el número de
electores en la respectiva comuna. Cada candidato a concejal podrá gastar una suma no superior a la mitad
de aquella que se permita al correspondiente candidato a alcalde.

El límite de gasto de los candidatos a consejeros regionales no podrá exceder de la suma de trescientos
cincuenta unidades de fomento, más aquella que resulte de multiplicar por un centésimo de unidad de
fomento los primeros doscientos mil electores, por setenta y cinco diezmilésimos de unidad de fomento
los siguientes doscientos mil y por cinco milésimos de unidad de fomento los restantes electores de la
respectiva circunscripción provincial.

En el caso de las candidaturas a Presidente de la República, el límite de gasto será equivalente a la cantidad
que resulte de multiplicar por quince milésimos de unidad de fomento el número de electores en el país.
No obstante, tratándose de la situación prevista en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución
Política, dicho límite se calculará considerando como factor multiplicador un centésimo de unidad de
fomento.

Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, el Consejo Directivo del Servicio Electoral
establecerá por resolución que se publicará en el Diario Oficial, y en el sitio web del Servicio, con doscientos
días de anticipación a la respectiva elección, los máximos de gastos electorales permitidos.
Asimismo, para todos los efectos de esta ley, el valor de la unidad de fomento será el vigente a la fecha de
la resolución a que se refiere el inciso precedente.

Artículo 5.- El límite de gastos electorales que podrá efectuar cada partido político será el equivalente a
un tercio de la suma total de los gastos electorales permitidos a sus candidatos, incluidos los
independientes que vayan en pacto o subpacto con él, según lo establecido en el artículo anterior.

En el evento que dos o más partidos políticos celebren un pacto o subpacto electoral, el tercio de los gastos
a que se refiere el inciso precedente se distribuirá a prorrata de los candidatos respectivos, incluidos los
independientes, entre los partidos que integran el pacto o, en su caso, el subpacto.

En todo caso, se presumirá gasto electoral de un partido político el efectuado dentro del período indicado
en el artículo 3°, en aquella parte que exceda al promedio de gastos incurridos por el respectivo partido
durante los seis meses anteriores a dicho período, cualquiera sea la fecha de contratación o pago efectivo
de dichos gastos, y aun cuando se encuentren pendientes de pago.

Artículo 5 bis.- El candidato o partido político que exceda el límite de gastos electorales, calculado de
conformidad con lo dispuesto en los artículos precedentes, será sancionado con multa a beneficio fiscal,
de acuerdo a la siguiente escala:

a) El doble del exceso en la parte que no supere el 10%;

b) El triple del exceso en la parte que supere el 10% y sea inferior al 25%, y

c) El quíntuple del exceso en que hubiere incurrido, en la parte que supere el 25%.

Dicha multa se expresará en unidades de fomento.

La multa será aplicada por el Director del Servicio Electoral.

Artículo 6.- Los partidos políticos y los candidatos independientes que hayan participado en la respectiva
elección, que estén en conocimiento de hechos que puedan constituir infracción al límite de gastos
electorales establecidos en esta ley, podrán, dentro de los quince días siguientes a la presentación de la
cuenta a que se refiere el artículo 41, poner los antecedentes en conocimiento del Servicio Electoral para
que éste, en ejercicio de sus facultades legales, realice las investigaciones que resulten pertinentes.

Si el denunciante tuviere domicilio en una Región distinta a la de la sede del despacho del Director del
Servicio Electoral, la denuncia se deducirá ante el Director Regional del Servicio Electoral que corresponda,
quien la remitirá a aquél dentro de quinto día de recibida.
Similar procedimiento al establecido en los incisos anteriores se verificará para la denuncia de cualquier
otra infracción a esta ley.

TÍTULO II
DEL FINANCIAMIENTO DE LAS CAMPAÑAS

Artículo 7.- El financiamiento de los gastos que autoriza esta ley durante la campaña electoral, se sujetará
a las disposiciones del presente Título.

Párrafo 1
Del financiamiento privado

Artículo 8.- Constituye financiamiento privado de campaña electoral toda contribución en dinero, o
estimable en dinero, que se efectúe a un candidato o partido político, sea que se materialice bajo la forma
de mutuo, donación, comodato o cualquier acto o contrato a título gratuito, destinado al financiamiento
de gastos electorales.

Artículo 9.- Podrán efectuar aportes a campañas electorales las personas que hayan cumplido 18 años de
edad. No podrán efectuar aportes a candidato alguno o partido político los Consejeros del Servicio
Electoral y sus funcionarios directivos, y las personas naturales que tengan nacionalidad extranjera y
residan en el extranjero.

Ninguna persona podrá aportar en una misma elección y a un mismo candidato las siguientes sumas en
las situaciones que se indican:

a) En el caso de candidatos a alcalde o concejal, una suma que exceda del diez por ciento del límite del
gasto electoral fijado para la respectiva comuna. Si dicho porcentaje excede las doscientas cincuenta
unidades de fomento, el aporte no podrá superar esta suma.

b) Tratándose de candidatos a consejero regional, una suma que exceda de doscientas cincuenta unidades
de fomento.

c) En el caso de candidatos a diputado o senador, una suma que exceda de trescientas quince unidades
de fomento.

d) Tratándose de candidatos presidenciales, una suma que exceda de quinientas unidades de fomento.
La situación prevista en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política de la República será
entendida como otra elección, pudiendo la persona aportar en ella hasta ciento setenta y cinco unidades
de fomento.

El Servicio Electoral publicará, en la misma fecha que la ley determina para declarar candidaturas y
precandidaturas, el máximo de aportes de origen privado permitido.

Para los efectos de este artículo, se presumirá que el pago de los gastos electorales a que se refiere el
Título I, efectuado directa o indirectamente a través de terceras personas, constituye aporte de campaña
electoral sujeto a las mismas restricciones señaladas en los incisos precedentes.

Los aportes personales que los mismos candidatos efectúen en sus propias campañas no podrán ser
superiores al veinticinco por ciento del gasto electoral permitido, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 4. En el caso de las candidaturas a concejales, dichos montos no podrán sobrepasar el veinticinco
por ciento del límite de gasto autorizado. No obstante ello, el candidato a concejal podrá financiar con
aportes propios hasta cincuenta unidades de fomento, cuando el porcentaje señalado represente un valor
menor a este monto. Con todo, deberán justificar fehacientemente su origen mediante la acreditación de
la fuente de dichos aportes, tales como la venta u otro acto jurídico sobre bienes muebles o inmuebles, la
suscripción de créditos, los giros en cuentas bancarias, la enajenación de títulos constitutivos de
obligaciones en dinero y cualquiera otra alteración de su patrimonio personal destinada al financiamiento
electoral. El monto total del aporte propio que se haya realizado se determinará una vez descontados los
reembolsos efectuados según lo dispuesto en el artículo 15.

Los candidatos y los partidos políticos podrán rechazar cualquier aporte de campaña electoral, dentro de
los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la comunicación del aporte. Transcurrido dicho plazo
se entenderán aceptados.

Con todo, ninguna persona podrá efectuar en una misma elección de alcaldes o concejales aportes por
una suma superior a mil unidades de fomento o superior a dos mil unidades de fomento tratándose de
una elección de diputados, una elección de senadores, una elección de consejeros regionales o una
elección presidencial.

Artículo 10.- ELIMINADO.

Artículo 11.- Las donaciones que se efectúen con arreglo a este Párrafo estarán liberadas del trámite de
insinuación y exentas del pago del impuesto a las herencias y donaciones establecido por la ley N° 16.271.
Los aportes que reciban los candidatos en virtud de las disposiciones de esta ley, no constituirán renta
para todos los efectos legales.

Artículo 12.- Los aportes que reciban los candidatos de los partidos que excedan los gastos en que
hubieren incurrido serán devueltos a los aportantes, si éstos pudieren ser identificables, en la oportunidad
a que se refiere la letra c) del artículo 31. En caso contrario dichos excesos deberán ser entregados por los
administradores electorales, en la misma oportunidad, a los respectivos administradores generales
electorales, y se considerarán hechos a los partidos políticos, en cuanto no superen el monto de los gastos
que éstos hubieren efectuado.

Si una vez aplicada la regla establecida en el inciso anterior quedare aún un remanente, éste deberá
entregarse, por los administradores generales electorales respectivos, al momento de la presentación de
las correspondientes cuentas de ingresos y gastos, al Servicio Electoral, en favor del Fisco.
Las mismas reglas se aplicarán, en lo que corresponda, tratándose de los excedentes que se produzcan a
los candidatos independientes.

Párrafo 2
Del financiamiento público

Artículo 13.- Durante la campaña electoral, el Estado financiará y reembolsará los gastos electorales en
que incurran los candidatos y los partidos, en las cantidades, proporciones y formas que establecen los
artículos siguientes.

Artículo 13 bis.- Tratándose de candidaturas a Presidente dela República, el Fisco financiará, en los
términos del artículo 15, los gastos de campaña electoral en que incurran los candidatos y los partidos
políticos que presenten candidatos.

El reembolso alcanzará a una suma que no excederá el equivalente, en pesos, a cuatro centésimos de
unidad de fomento por voto obtenido por el candidato respectivo.

En el caso de lo dispuesto en el artículo 26, inciso segundo, de la Constitución Política de la República,
dicho reembolso será de un centésimo de unidad de fomento por voto obtenido por el candidato
respectivo.

Artículo 14.- Al inicio del período de campaña electoral, cada partido inscrito que presente candidatos a
la respectiva elección de senadores, diputados, alcaldes, consejeros regionales o concejales, tendrá
derecho a que el Estado pague en su favor una cantidad de dinero equivalente al número de sufragios
obtenidos en la última elección de igual naturaleza, incluidos los independientes que hubieren ido en pacto
o subpacto con él, multiplicado por el equivalente en pesos a veinte milésimos de unidad de fomento.

Aquellos partidos que no hubieren participado en la elección de igual naturaleza anterior tendrán derecho
a recibir una cantidad igual a la que corresponda al partido político que hubiere obtenido en ella el menor
número de sufragios. Tratándose de candidatos independientes, se prorrateará entre todos ellos un
monto similar al que le corresponda al partido que hubiere obtenido en esa elección el menor número de
votos.

Ningún partido político podrá contratar servicios con empresas que hayan sido condenadas por prácticas
antisindicales o infracción de los derechos fundamentales del trabajador dentro de los dos años anteriores
a la elección.

Del mismo modo, no podrán contratar con empresas sancionadas, dentro del mismo plazo señalado en el
inciso anterior, por infracción del decreto ley N° 211, de 1973, que Fija Normas para la Defensa de la Libre
Competencia, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley
N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Se entenderá por elección de igual naturaleza, aquélla en que corresponda elegir los mismos cargos, y en
las mismas circunscripciones, distritos o comunas.

Las cantidades indicadas en el inciso primero serán pagadas directamente por el Fisco, dentro de los cinco
días siguientes a la inscripción de las candidaturas en los registros a que se refieren los artículos 19 de la
ley N° 18.700, y 115 del decreto con fuerza de ley N° 1-19.704, a los partidos y candidatos independientes
fuera de pacto que corresponda.

De las sumas recibidas se deberá rendir cuenta documentada por los Administradores Generales
Electorales o por los Administradores Electorales, tratándose de candidatos independientes, de
conformidad con las normas previstas en el Título III de esta ley.

Artículo 14 bis.- Los endosos se regirán bajo las reglas generales aplicables a éstos.

Los candidatos podrán ceder su derecho a reembolso a sus partidos cuando éstos hubieren asumido el
pago correspondiente a los proveedores por los bienes y servicios prestados en la campaña electoral.
Los candidatos y los partidos políticos que contraten créditos con instituciones del sistema financiero,
registradas ante la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, podrán otorgar a éstas un
mandato por el cual el Servicio Electoral autorizará el pago de los créditos con el reembolso que se
determine, ciñéndose al efecto a las instrucciones que dicte el Consejo Directivo del Servicio Electoral.
Para ello, el Administrador Electoral o el Administrador General Electoral respectivo, deberán acreditar la
obtención del crédito y la efectividad del uso de éste en la campaña electoral.

Lo dispuesto en los dos incisos precedentes deberá ser comunicado al Servicio Electoral para su pago
preferente, en conformidad al procedimiento del artículo siguiente.

Artículo 15.- Finalizado el proceso electoral, y rendidas las cuentas a que se refiere el Título III de esta ley,
el Fisco reembolsará a los candidatos, a los candidatos independientes que no estuvieren incluidos en un
pacto o subpacto y a los partidos, los gastos electorales en que hubieren incurrido durante la campaña, de
conformidad con las reglas que se indican a continuación.

Dentro de los veinte días siguientes a la resolución del Director del Servicio Electoral que tiene por
aprobada la cuenta de ingresos y gastos que presente el Administrador Electoral o el candidato, en su caso,
el Servicio Electoral autorizará la devolución de los gastos en que hubieren incurrido los candidatos por
una suma que no podrá exceder del equivalente, en pesos, a cuatro centésimos de unidad de fomento,
multiplicado por el número de sufragios obtenidos por ellos en la respectiva elección. Esta devolución se
hará directamente a los candidatos o partidos políticos, mediante el reembolso de los gastos que no hayan
sido financiados por otro tipo de aportes, una vez aprobada la cuenta, lo que deberá ser acreditado
mediante la presentación de facturas o boletas pendientes de pago.

Si el total de los gastos rendidos por el Administrador Electoral, o el candidato en su caso, fuere inferior a
la suma que resulte de la aplicación de la regla indicada en el inciso anterior, la devolución de gastos se
ajustará a los efectivamente realizados.

Por el contrario, si el total de gastos rendidos fuere superior a la suma que le corresponda por concepto
de reembolso, sea que financien total o parcialmente dicho gasto, el Servicio Electoral procederá a
autorizar la devolución hasta el monto que resulte de la aplicación de la regla indicada en el inciso segundo
de este artículo.

Antes de procederse a la devolución a la que se refiere el inciso primero, el Servicio Electoral determinará
si la suma recibida por los partidos políticos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14, excedió de la
cantidad que resulte de multiplicar por quince milésimos de unidad de fomento el número de sufragios
obtenidos por ellos en la respectiva elección.

Si la suma a que se refiere el inciso anterior hubiere sido inferior a la que en definitiva le corresponde, el
partido tendrá derecho a que se le pague la diferencia que resulte en su favor, hasta alcanzar los referidos
quince milésimos de unidad de fomento por cada voto efectivamente obtenido.

Será condición esencial para el envío de la autorización de pagos por parte del Servicio Electoral a la
Tesorería General de la República, que la cuenta se encuentre aprobada y que los resultados de la elección
estén calificados.

No se procederá al reembolso que regula este artículo, respecto de los montos que estén en disputa,
mientras existan procedimientos sancionatorios administrativos o penales pendientes en contra del
candidato o del partido, o se hagan efectivos contra estos los derechos de repetición que regula el artículo
32 de la ley N° 18.700. Una vez determinadas las multas mediante resolución o sentencia firme, la
Tesorería General de la República las hará efectivas en los montos adeudados.

Artículo 15 bis.- Si por aplicación de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo anterior quedare un
remanente de devolución que el candidato no pudiere percibir por cualquier causa, dichos remanentes
pasarán al partido que hubiere declarado al candidato, hasta la suma que corresponda a los gastos en que
el partido hubiere incurrido efectivamente, y siempre que la cuenta general respectiva del partido se
encuentre aprobada.

Párrafo 3
De la transparencia del financiamiento

Artículo 16.- Todos los aportes a que se refiere el artículo 9° constarán por escrito, consignarán el nombre
completo y número de cédula de identidad del aportante y deberán efectuarse únicamente a través del
sistema de recepción de aportes del Servicio Electoral, por medio de transferencia electrónica o depósito
bancario y, salvo aquellos señalados en el artículo siguiente, serán públicos.

Cada candidato y partido político, para recibir los aportes por medio del sistema aludido en el inciso
anterior, deberá autorizar al Director del Servicio Electoral a abrir una cuenta bancaria única a su nombre
y cargo, autorizando irrevocablemente a dicho Director a tomar conocimiento, en cualquier momento y a
su solo requerimiento, de todos y cada uno de los movimientos que esta cuenta registre, de conformidad
a lo señalado en inciso primero del artículo 154 del decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio
de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la ley General de Bancos y de
otros cuerpos legales que se indican. Esta cuenta tendrá como objeto exclusivo recibir los aportes de
campaña canalizados a través del Servicio Electoral, mediante el sistema de recepción de aportes y, con
cargo a tales fondos, cubrir los gastos electorales.

Las cuentas bancarias aperturadas para la recepción de aportes de campaña solamente podrán recibir
depósitos o transferencias efectuadas por el Servicio Electoral y no podrán tener líneas de crédito
asociadas. Se incluyen entre los depósitos y transferencias los créditos contratados por los candidatos y
los partidos políticos conforme al artículo 14 bis de esta ley, los que también serán canalizados por el
Servicio Electoral a través del sistema de recepción de aportes.

Los fondos contenidos en las cuentas bancarias aperturadas para la recepción de aportes de campaña
serán inembargables.

Los aportes que se efectúen mediante transferencias electrónicas se harán a la cuenta del Servicio
Electoral, de acuerdo al sistema de recepción de aportes de dicho Servicio. Tratándose de depósitos
bancarios, deberán efectuarse en la cuenta del Servicio Electoral, de conformidad a las instrucciones que
imparta dicho Servicio y utilizando el formulario que para el efecto dispondrá este Servicio, en el cual se
deberá dejar constancia de la identificación de los aportantes, indicando su número de cédula de
identidad, y de los destinatarios de tales aportes. El Servicio Electoral dispondrá los medios necesarios
para resguardar que mediante su sistema de recepción de aportes se respeten las reglas y límites previstos
en los artículos 9° y 17. Los aportes recibidos y acreditados por el Servicio Electoral deberán ser
comunicados al candidato o partido político, según corresponda, señalando la identidad del aportante y
el monto del aporte, dentro de los dos días hábiles siguientes a su recepción y acreditación.

El candidato o partido político deberá abstenerse de realizar movimientos en la cuenta bancaria única
desde la presentación de la cuenta a que alude el artículo 41 y hasta la aprobación o rechazo definitivos
de la misma, luego de lo cual el Director del Servicio Electoral deberá proceder al cierre de dicha cuenta
bancaria única.

Artículo 17.- Los aportantes podrán solicitar al Servicio Electoral mantener sin publicidad su identidad,
tratándose únicamente de aportes menores cuyo monto no supere cuarenta unidades de fomento para
las candidaturas a Presidente de la República; veinte unidades de fomento para las candidaturas a senador
y diputado; quince unidades de fomento para las candidaturas a alcalde y a consejero regional; y diez
unidades de fomento para las candidaturas a concejal.

Estos aportes menores sin publicidad de la identidad del aportante no podrán ser, en total, superiores a
ciento veinte unidades de fomento para un mismo tipo de elección. El Servicio Electoral fiscalizará que
ninguna persona sobrepase los montos máximos establecidos en este artículo. Asimismo, los funcionarios
del Servicio Electoral deberán mantener reserva de la identidad de los aportantes, sin perjuicio de lo
dispuesto en el inciso quinto del artículo 16, y les serán aplicables las normas sobre secreto bancario
contenidas en el artículo 154 de la ley General de Bancos y lo dispuesto en los artículos 246 y 247 del
Código Penal.

Ningún candidato o partido político, durante el período de campaña electoral, podrá recibir, por concepto
de aportes menores sin publicidad de la identidad del aportante, más de veinte por ciento del límite de
gastos electorales definidos en esta ley.
Con todo, los montos aportados no podrán superar los límites que establece el artículo 9°.

Artículo 18.– ELIMÍNASE.

Artículo 19.- SUPRÍMESE.

Artículo 20.– DERÓGASE.

Artículo 21.- También serán públicos los aportes mensuales que reciban los partidos políticos fuera del
período señalado en el artículo 3°.

El tesorero del respectivo partido tendrá, por el solo ministerio de la ley, la representación de la entidad
recaudadora, con las facultades de administración que le acuerde la directiva central del partido.

La recaudación de los aportes se hará directamente al partido, dando recibo de ellos. Los recibos se
otorgarán en formularios timbrados por el Servicio Electoral, de acuerdo con el formato que éste, por
resolución que se publicará en el Diario Oficial, determine.

Los partidos políticos, deberán informar mensualmente al Servicio Electoral, acerca de las donaciones que
hubieren recibido. La infracción a lo establecido en este inciso, será sancionada con multa a beneficio fiscal
del triple de las cantidades no informadas.

Artículo 21 bis.- Los ingresos que reciban los institutos de formación política inscritos por los partidos
políticos ante el Servicio Electoral serán siempre públicos. Estos solo podrán ser concedidos a dichos
institutos, tanto por partidos políticos como por personas naturales. En el primer caso, deberá constar el
detalle de los aportes en la cuenta mensual que los partidos deban rendir ante el Servicio Electoral, de
conformidad al Título V de la ley N° 18.603, orgánica constitucional de los Partidos Políticos. En el segundo
caso, podrán aportar hasta veinte unidades de fomento mensuales y el instituto receptor de los aportes
deberá informar al partido sobre la concesión de estos y su monto. El partido a cargo del instituto de
formación política deberá informar al Servicio Electoral en un plazo de diez días hábiles contado desde la
recepción de los aportes, y deberá rendirlos de conformidad a lo dispuesto en el Título V de la citada ley.

Artículo 22.- SUPRÍMESE.

Artículo 23.- A requerimiento del donante, el Director del Servicio Electoral deberá emitir los certificados
que den cuenta de las donaciones que hubiere realizado de conformidad con las normas de esta ley.

Párrafo 4
De las prohibiciones

Artículo 24.- Prohíbense los aportes de campaña electoral provenientes de personas naturales o jurídicas
extranjeras, con excepción de los efectuados por extranjeros habilitados legalmente para ejercer en Chile
el derecho a sufragio.

Artículo 24 bis.- Se prohíbe a los precandidatos y candidatos efectuar, con ocasión de la campaña electoral,
y fuera de lo dispuesto en el artículo 2°, erogaciones o donaciones en dinero, o en especies, en favor de
organizaciones o de personas jurídicas o de personas naturales distintas de su cónyuge o parientes.

Artículo 25.- Sin perjuicio de los dispuesto en el título V de la ley N° 18.603, así como en el párrafo 2° de
este Título, los precandidatos, los candidatos y partidos políticos no podrán recibir, directa o
indirectamente, aportes de campaña electoral de los órganos de la Administración del Estado, de las
empresas del Estado, ni de aquellas en que este, sus empresas, sociedades o instituciones tengan
participación.

Artículo 26.- No podrán efectuar aportes para campaña electoral las personas jurídicas de derecho público
o derecho privado, con excepción de los que realicen los partidos políticos y el Fisco, en la forma en que
lo autoriza la ley.

Se considerará aporte todo desembolso o contribución avaluable en dinero y, tratándose de contratos
onerosos, las diferencias manifiestas entre el valor de la contraprestación y el precio de mercado.

No se considerará aporte de personas jurídicas la facilitación gratuita de inmuebles de propiedad de
personas jurídicas sin fines de lucro destinados habitual y gratuitamente a encuentros de la comunidad,
para la realización de actividades propias de campaña. Este uso deberá ser autorizado por escrito por el
representante legal de la entidad respectiva, debiendo enviarse copia de esta al Servicio Electoral por el
partido, candidato o sus administradores electorales.

Artículo 27.- Los funcionarios públicos no podrán realizar actividad política dentro del horario dedicado a
la Administración del Estado, ni usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus
funciones.

Del mismo modo, se prohíbe a los funcionarios públicos utilizar bases de datos o cualquier medio a que
tengan acceso en virtud de su cargo para fines políticos electorales.

Los Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Jefes Superiores de Servicio, Jefes
de División, Jefes de Departamento, Directores Regionales de Servicios Nacionales, Alcaldes o Directores
de Departamentos Municipales no podrán, con ocasión del ejercicio de su cargo, ordenar ni incentivar a
los funcionarios bajo su dependencia a promover, por medio de aportes o de cualquier modo, a candidatos
o campañas electorales.

Las contravenciones a este artículo se considerarán una infracción grave al principio de probidad.

Párrafo 5
De las sanciones

Artículo 27 A.- Sin perjuicio de las sanciones específicas establecidas para cada caso, las infracciones a las
normas de los Párrafos 1°, 3° y 4° del presente Título, cometidas tanto por particulares o entidades
aportantes como por candidatos o partidos políticos, serán sancionadas con multa a beneficio fiscal, de
acuerdo con la siguiente escala:

a) El doble del exceso en la parte que no supere el 30%;

b) El triple del exceso en la parte que supere el 30% y sea inferior al 50%, y

c) El quíntuple del exceso en que hubiere incurrido, en la parte que supere el 50%.

Dicha multa se expresará en unidades de fomento.

La multa será aplicada por el Director del Servicio Electoral.

Las infracciones a las normas del Párrafo 2° que cometan los candidatos o partidos políticos, serán
sancionadas con multa a beneficio fiscal equivalente al triple de las sumas indebidamente recibidas, sin
perjuicio de las sanciones que les correspondan a ellos o a sus representantes por delitos en que hubieren
incurrido.

Toda infracción o falta de cumplimiento a las disposiciones de esta ley que no tenga una pena especial, se
sancionará con multa de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales.

Tratándose de personas jurídicas, serán sancionadas con multa equivalente al triple del monto ilegalmente
aportado.

Artículo 27 bis.- El que otorgue u obtenga aportes para candidaturas o partidos políticos, de aquellos
regulados por esta ley y por la ley N° 18.603, cuyo monto excediere en un cuarenta por ciento lo permitido
por la ley, sea de manera individual o en el conjunto de los aportes permitidos, será castigado con presidio
menor en sus grados mínimo a medio y multa equivalente al triple de lo otorgado u obtenido.

Tratándose de aportes otorgados u obtenidos por o de una persona jurídica, con infracción a lo que
dispone al artículo 26, se impondrá la pena señalada en el inciso anterior, sin importar el monto del aporte,
aplicándose lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 58 del Código Procesal Penal. No obstante,
excepcionalmente y siempre que se trate de aportes aislados en los que no hay habitualidad y cuyo monto
global sea inferior a cincuenta unidades de fomento, el Servicio Electoral podrá no presentar denuncia o
querella respecto de tales hechos, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda.

El ofrecimiento o la solicitud de los aportes sancionados por los incisos anteriores serán castigados con
multa equivalente al doble de lo ofrecido o solicitado.

El que utilice los aportes o fondos obtenidos del Fisco, en virtud de lo que prescribe la ley N° 18.603,
orgánica constitucional de los Partidos Políticos, en una finalidad distinta a la cual están destinados, será
castigado con presidio menor en su grado medio.

Artículo 27 ter.- El administrador electoral, el administrador general electoral o el administrador general
de fondos de un partido político que, a sabiendas, en sus rendiciones de cuentas al Servicio Electoral
proporcione antecedentes falsos o certifique hechos falsos, será sancionado con la pena de presidio menor
en su grado máximo.

Artículo 27 quáter.- Las investigaciones de los delitos descritos en los artículos 27 bis y 27 ter solo podrán
ser iniciadas por denuncia o querella del Servicio Electoral, sin perjuicio del derecho de toda persona de
denunciar dichas infracciones ante el mencionado Servicio.

Los juzgados de garantía y los tribunales del juicio oral en lo penal deberán remitir al Consejo Directivo del
Servicio Electoral las sentencias firmes y ejecutoriadas que condenen a personas por los delitos previstos
en la letra b) del artículo 28 bis de esta ley, en un plazo de cinco días hábiles desde que se encuentren en
dicho estado.

Artículo 28.- La responsabilidad administrativa de funcionarios dela Administración del Estado, que
pudiere resultar como consecuencia de infracciones a las disposiciones de la presente ley, se hará efectiva
directa y exclusivamente por procedimiento disciplinario que llevará a efecto la Contraloría General dela
República.

Cualquier persona podrá deducir la correspondiente denuncia directamente a la Contraloría General de la
República, acompañando los antecedentes en que se funde.

Sin perjuicio de lo anterior, las autoridades superiores dela Administración del Estado que conocieren de
hechos que pudieren configurar las infracciones a que se refiere el inciso primero de este artículo y que
afectaren a funcionarios de su dependencia, pondrán los antecedentes a disposición de dicho organismo
contralor dentro del plazo de cinco días hábiles desde que tomen conocimientos de tales hechos.

Las investigaciones y sumarios administrativos que al efecto instruya la Contraloría General de la República
se regirán por la ley N° 10.336 y sus normas complementarias.

Sin perjuicio de los recursos administrativos o acciones judiciales que les asistan a los funcionarios
infractores, la medida disciplinaria propuesta por la Contraloría General de la República será comunicada
al afectado, a la autoridad superior del servicio y a la autoridad competente para aplicar la sanción
respectiva.

La autoridad no podrá modificar la sanción administrativa propuesta por el órgano contralor, sino a través
de una resolución fundada sujeta al trámite de toma de razón.

Artículo 28 bis.- Se considerarán infracciones graves a las normas sobre transparencia, límites y control
del gasto electoral, las siguientes:

a) Haber sobrepasado en un veinticinco por ciento el límite al gasto electoral permitido por esta ley,
siempre que dicho porcentaje sea superior a cien unidades de fomento.

b) Resultar condenado por los delitos previstos en los incisos primero, segundo y cuarto del artículo 27
bis; del artículo 27 ter y en el inciso primero del artículo 137 de la ley N° 18.700.
Corresponderá al Consejo Directivo del Servicio Electoral determinar que se ha verificado la infracción
señalada en la letra a) precedente.

Cuando el Consejo Directivo determine que se ha verificado una infracción grave, deberá remitir su
resolución y los antecedentes al Tribunal Calificador de Elecciones para los efectos previstos en los
artículos 60 y 125 de la Constitución Política de la República. Con este mismo objeto, el Consejo Directivo
del Servicio Electoral remitirá al Tribunal Calificador de Elecciones las sentencias firmes y ejecutoriadas
que condenen a personas por los delitos referidos en la letra b) del inciso primero, dentro de los tres días
hábiles siguientes a aquel en que tome conocimiento de ellas.

El Tribunal Calificador de Elecciones conocerá de estas infracciones graves a través de un procedimiento
racional y justo, regulado en la forma que establece la ley N° 18.460, debiendo pronunciar su sentencia
previa vista de la causa y dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes.

TÍTULO III
DEL CONTROL DE LOS INGRESOS Y GASTOS ELECTORALES

Artículo 29.- Las normas de este Título serán aplicables a las elecciones presidenciales, parlamentarias, de
consejeros regionales y municipales.

Párrafo 1
De los Administradores Electorales y de los Administradores Generales Electorales

Artículo 30.- Todo candidato a Presidente de la República, a senador o a diputado, deberá nombrar un
Administrador Electoral que actuará como mandatario respecto de las funciones de control de los ingresos
y gastos electorales que esta ley le asigna. Igual obligación pesará en el caso de candidatos a alcalde,
consejero regional o a concejal. Si no se efectuare la designación, las funciones de Administrador Electoral
recaerán en el propio candidato.

Una misma persona podrá ejercer como Administrador Electoral para más de un candidato, siempre que
las respectivas candidaturas hayan sido declaradas por un mismo partido político o pacto.

El nombramiento de éste deberá efectuarse ante el Subdirector de Control del Gasto y Financiamiento
Electoral del Servicio Electoral, al momento de la declaración de la correspondiente candidatura o en la
declaración jurada a que se refiere el inciso segundo del artículo 3° de la ley N° 18.700.

La designación se formalizará por escrito, indicándose el nombre, cédula de identidad y domicilio del
respectivo Administrador, quien deberá también suscribir este documento en señal de aceptación del
cargo.

Este nombramiento podrá ser dejado sin efecto en cualquier momento mediante comunicación del
candidato correspondiente al Subdirector de Control del Gasto y Financiamiento Electoral del Servicio
Electoral, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 37.

Artículo 31.- Corresponderán especialmente al Administrador Electoral las siguientes obligaciones:

a) Llevar contabilidad simplificada de los ingresos y gastos electorales de la candidatura a su cargo,
cualquiera sea la fecha de contratación o pago efectivo de dichos gastos, y aun cuando se encuentren
pendientes de pago, de conformidad con las disposiciones de la presente ley.

b) Conservar la documentación relativa a los gastos electorales de la candidatura a su cargo y los
comprobantes de los aportes privados, cuando corresponda.

c) Remitir al Administrador General Electoral del respectivo partido político la información contable y la
documentación relativa a los ingresos y gastos electorales de la candidatura a su cargo, dentro del plazo
de diez días contado desde la fecha de la elección correspondiente.

d) Mantener reserva de los antecedentes que, en tal carácter, reciba en el ejercicio de su cargo.
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo serán sancionadas con multa a beneficio
fiscal de 10 a 30 unidades tributarias mensuales. Dicha multa será aplicada por el Servicio Electoral.

e) Informar al Servicio Electoral o al Administrador General Electoral, en su caso, el hecho de no contar
con antecedentes suficientes por parte del candidato, para presentar la rendición de la cuenta de ingresos
y gastos electorales. Dicha información debe ser entregada en el mismo plazo contemplado para la
presentación de las cuentas o su remisión, según corresponda.

Artículo 32.- Cualquier militante del respectivo partido político en las elecciones de Presidente dela
República, de senadores, de diputados y de alcaldes, consejeros regionales y concejales, podrá ejercer el
cargo de Administrador Electoral General.

El nombramiento de éste deberá efectuarse por el partido político ante el Subdirector de Control del Gasto
y Financiamiento Electoral del Servicio Electoral de conformidad a lo establecido en el inciso cuarto del

artículo 30, en forma previa a las declaraciones de candidaturas.

Artículo 33.- Corresponderán especialmente al Administrador General Electoral las siguientes
obligaciones:

a) Llevar contabilidad simplificada de los ingresos y gastos electorales del respectivo partido político,
cualquiera sea la fecha de contratación o pago efectivo de dichos gastos, y aun cuando se encuentren
pendientes de pago, de conformidad con las disposiciones de la presente ley.

b) Conservar, por el plazo de un año, la documentación relativa a los gastos electorales del partido político
y los comprobantes de los aportes privados, cuando proceda, y requerir de los Administradores Electorales
la información y documentación que corresponda a cada candidatura a su cargo.

c) Remitir al Subdirector de Control del Gasto y Financiamiento Electoral del Servicio Electoral, en la forma
y plazo establecidos en la presente ley, la información contable y la documentación relativa a los ingresos
y gastos electorales del respectivo partido político, como asimismo las correspondientes a la totalidad de
las candidaturas inscritas en representación del partido.

d) Mantener reserva de los antecedentes que, en tal carácter, reciba en el ejercicio de su cargo.

e) Velar porque todo gasto efectuado en la campaña electoral sea publicado en el sitio electrónico que
deberá llevar al efecto cada partido político.

Artículo 34.- Sólo podrán ser Administradores Electorales y Administradores Generales Electorales los
ciudadanos con derecho a sufragio. No obstante, no podrán ejercer ninguno de estos cargos quienes hayan
sido condenados por delitos tributarios o contra la fe pública, o sean candidatos en una misma elección o
en elecciones distintas pero efectuadas en un mismo acto eleccionario.

Tampoco podrán ejercer estos cargos los directores, gerentes y ejecutivos superiores de empresas del
Estado o de aquéllas en que éste tenga participación mayoritaria, las autoridades dela Administración del
Estado, los funcionarios públicos ni los alcaldes.

Artículo 35.- Los Administradores Electorales y los Administradores Generales Electorales cesarán por el
solo ministerio de la ley en su calidad de tales al nonagésimo día posterior al de la fecha de la respectiva
presentación de las cuentas de la campaña electoral.

No obstante, si el Director del Servicio Electoral realiza observaciones a las cuentas presentadas por el
Administrador Electoral o el Administrador General Electoral, las calidades de tales se entenderán
prorrogadas mientras no sean aprobadas las cuentas respectivas.

Artículo 36.- Las nóminas de los Administradores Electorales y de los Administradores Generales
Electorales serán exhibidas al público en las oficinas del Servicio Electoral y en sus direcciones regionales.
Igual publicidad deberá darse a los reemplazos que se produzcan en dichos cargos.

Artículo 37.- En caso de fallecimiento, renuncia, notificada al candidato e informada al Director del Servicio
Electoral remoción o rechazo del nombramiento por parte del Servicio Electoral en los casos señalados en
el artículo 34 de esta ley de un Administrador Electoral, el candidato deberá nombrar a otro en su
reemplazo, en la forma establecida para el nombramiento original. Los reemplazos sólo podrán verificarse
hasta el tercer día posterior a la elección.

Si el candidato no formalizare el reemplazo dentro de quinto día desde la fecha en que tuvo conocimiento
de su fallecimiento o renuncia, o desde que lo removió del cargo, las funciones de administrador recaerán
en el propio candidato.

Los reemplazos o remociones señalados, podrán ser comunicados al Servicio Electoral mediante Internet,
de acuerdo al sistema que oportunamente informará dicho Servicio.

Párrafo 2
De la contabilidad electoral

Artículo 38.- Los Administradores Electorales y los Administradores Generales Electorales deberán llevar,
en la forma que se establece en este Párrafo, contabilidad de los ingresos y gastos electorales, para cada
uno de los candidatos y partidos políticos que respectivamente representen.

Todo candidato, a través de su Administrador Electoral, estará obligado a presentar una cuenta general de
ingresos y gastos de campaña electoral, aun cuando no haya tenido ingresos o incurrido en gastos, dando
relación de ello.

Artículo 39.- Serán aplicables a los Administradores Electorales y a los Administradores Generales
Electorales, en su caso, las prohibiciones establecidas en el artículo 31 del Código de Comercio.

Artículo 40.- Los Administradores Electorales y los Administradores Generales Electorales, en su caso,
deberán registrar todos los aportes en dinero, especies o servicios que se destinen a una campaña
electoral o se reciban para el financiamiento de los gastos electorales, debidamente valorizados. Este
registro se encontrará a disposición del público en el sitio electrónico que para el efecto deberá llevar cada
partido.

Párrafo 3
De la presentación y control de la contabilidad electoral

Artículo 41.- Dentro de los treinta días siguientes a una elección presidencial, parlamentaria o municipal,
los Administradores Generales Electorales deberán presentar al Subdirector de Control del Gasto y
Financiamiento Electoral del Servicio Electoral una cuenta general de los ingresos y gastos electorales
directamente recibidos y efectuados por el respectivo partido político.

Asimismo, y conjuntamente, deberán presentar una cuenta general de los ingresos y gastos electorales de
la totalidad de los candidatos inscritos en representación del partido político correspondiente, que
hubieren sido enviados por los Administradores Electorales.

La cuenta general de ingresos y gastos electorales deberá, además, precisar el origen de la totalidad de los
ingresos y el destino de todos los gastos del partido político y candidatos respectivos, de conformidad con
las anotaciones consignadas, cualquiera sea la fecha de contratación o pago efectivo de dichos gastos, y
aun cuando se encuentren pendientes de pago.

Cuando resulte inaplicable lo establecido en el inciso primero por tratarse de candidatos independientes,
corresponderá a sus Administradores Electorales presentar la cuenta general de ingresos y gastos
electorales.

La presentación de cuentas referidas en los incisos precedentes, podrá realizarse en forma electrónica, vía
Internet, para lo cual el Servicio Electoral oportunamente establecerá el sistema a aplicar.

Artículo 42.- El Director del Servicio Electoral se pronunciará respecto de la cuenta de ingresos y gastos
electorales dentro de los cuarenta y cinco días siguientes de expirado el plazo a que se refiere el inciso
primero del artículo anterior. Tratándose de los actos eleccionarios regulados por la ley N° 18.695, orgánica
constitucional de Municipalidades, y la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y
Administración Regional, el plazo de análisis de la cuenta será de setenta y cinco días.

En los casos en que se establezca la existencia de gastos electorales no declarados, corresponderá al
Director del Servicio Electoral determinar la cuantía de los mismos. Lo anterior no obstará a la aplicación,
si procediere, de lo dispuesto en los artículos siguientes del presente Párrafo.

Artículo 43.- Si el Director del Servicio Electoral estimare del caso observar la cuenta presentada, requerirá
del Administrador Electoral o Administrador General Electoral, según corresponda, las aclaraciones,
antecedentes o correcciones pertinentes, quien deberá evacuar su respuesta dentro del plazo de diez días
de ser requerido.

Transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior, y aun cuando no se haya recibido respuesta a las
observaciones formuladas, el Director del Servicio Electoral resolverá la aprobación o el rechazo de la
cuenta, dentro de los quince días siguientes.

Artículo 44.- El Director del Servicio Electoral rechazará la cuenta que, no obstante lo dispuesto en el
artículo anterior, finalmente no se ajustare a los documentos y comprobantes acompañados o contuviere
errores u omisiones graves.

La resolución del Director del Servicio Electoral que rechace una cuenta de ingresos y gastos electorales
se notificará, mediante correo electrónico o carta certificada, en su caso, al Administrador General
Electoral correspondiente o al Administrador Electoral, según el caso, y al partido político y candidatos
respectivos.

El rechazo de la cuenta será sancionado con multa a beneficio fiscal, equivalente al doble de la parte de
los gastos electorales que hayan sido rechazados o que no hayan sido justificados. El Director del Servicio
Electoral aplicará esta multa al candidato que corresponda y su Administrador Electoral, quienes serán
solidariamente responsables, y al Administrador General Electoral, según el caso.

Con independencia del rechazo o aprobación de la cuenta, si los ingresos o gastos electorales inicialmente
declarados difieren en más de un 20% de los estimados por el Servicio Electoral, y siempre que dicha
diferencia sea superior a cien unidades de fomento, se aplicará una multa equivalente al quíntuple del
monto que constituya dicha diferencia, sanción que será reclamable ante el Tribunal Calificador de
Elecciones.

Artículo 45.- Las resoluciones del Servicio Electoral que rechacen una cuenta de ingresos y gastos
electorales serán reclamables de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 51,
debiendo esas resoluciones ajustarse a lo previsto en el numeral 2 de dicho artículo, en lo que sea
pertinente.

Artículo 46.- Si el Director del Servicio Electoral advirtiere indicios de haberse cometido algún delito en la
presentación de las cuentas de ingresos y gastos electorales, deberá efectuar la denuncia o querella
correspondiente ante los tribunales de justicia.

Artículo 47.- El Director del Servicio Electoral tendrá la facultad de requerir, mediante oficio, la
información que estime necesaria a los organismos públicos competentes, para aclarar algún antecedente
de las cuentas presentadas por el Administrador Electoral y el Administrador General Electoral.

TÍTULO IV
DE LA PUBLICIDAD

Artículo 48.- Las cuentas de los ingresos y gastos electorales presentadas ante el Director del Servicio
Electoral serán públicas y se encontrarán disponibles en el sitio electrónico del Servicio. Además, cualquier
persona podrá obtener, a su costa, copia de ellas. El Director del Servicio Electoral deberá publicar en
Internet las cuentas de las candidaturas a Presidente de la República, senador y diputado y de los partidos
políticos dentro del plazo establecido en el artículo 6°. A medida que el Servicio Electoral proceda a la
revisión de las mismas, deberá actualizar la información difundida en Internet indicando si tales cuentas
son aceptadas, rechazadas u observadas.

Durante el examen de las cuentas, el Director del Servicio Electoral velará porque el ejercicio del derecho
establecido en el inciso anterior se compatibilice con sus labores propias.

Artículo 49.- Los partidos políticos que hubieren efectuado gastos electorales en las elecciones
presidenciales, parlamentarias o municipales deberán incluir en el balance a que se refiere el artículo 35
de la ley N° 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, los siguientes antecedentes:

a) El monto total de los gastos electorales en que hubiere incurrido directamente el partido político;

b) El monto total de los ingresos para el financiamiento de gastos electorales percibidos por el partido, y

c) Eliminada.

Lo dispuesto en los incisos precedentes, en lo que corresponda, se aplicará también a los candidatos
independientes en las elecciones presidenciales.

TÍTULO V
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 50.- Tratándose de la segunda votación contemplada en el inciso segundo del artículo 26 dela
Constitución Política, las disposiciones sobre plazos y procedimientos establecidos en la presente ley se
aplicarán, en la forma que corresponda, considerando la fecha de verificación de dicha segunda votación.
Para los efectos del artículo 3° de esta ley, se entenderá que el período de campaña electoral, en el caso
de este artículo, se inicia al día siguiente del de la publicación en el Diario Oficial de la declaración del
Tribunal Calificador de Elecciones que indique los candidatos que hayan obtenido las dos más altas
mayorías relativas.

Artículo 51.- Los procedimientos administrativos sancionatorios a que dé lugar la aplicación de esta ley se
regirán por las reglas del procedimiento sancionatorio previsto en la ley N° 18.556, orgánica constitucional
sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.

Artículo 52.- Los plazos de días establecidos en esta ley serán de días hábiles, entendiéndose por tales
aquellos comprendidos entre los días lunes y viernes.

Artículo 53.- Durante el período de campaña electoral, los ministerios, las intendencias, las gobernaciones,
los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, las empresas públicas y las
municipalidades, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los
necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquéllos que tengan por objeto informar a los
usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan.

Artículo 54.- Las faltas o infracciones a que se refiere la presente ley, prescribirán en el plazo de un año
contado desde la fecha de la elección.

La acción penal de los delitos contemplados en la presente ley prescribirá en dos años desde que se
hubiere cometido el delito.

TÍTULO FINAL

Artículo 55.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre
Votaciones Populares y Escrutinios:

1) Reemplázase el artículo 6 por el siguiente:
“Artículo 6.- Las declaraciones de candidaturas a senadores y diputados sólo podrán hacerse hasta las
veinticuatro horas del nonagésimo día anterior a la fecha de la elección correspondiente.
Tratándose de las declaraciones de candidaturas a Presidente dela República, éstas sólo podrán hacerse
hasta las veinticuatro horas del nonagésimo día anterior a aquél en que deba realizarse la primera o única
votación, o del décimo día siguiente al acuerdo del Senado a que se refiere el inciso segundo del artículo
28, o a la convocatoria del Vicepresidente en el caso del inciso cuarto del artículo 29, ambos dela
Constitución Política, que den lugar a una elección extraordinaria.”.

2) Incorpórase en el artículo 7, el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Asimismo, en las declaraciones se indicarán los nombres, la cédula de identidad y domicilio del
Administrador Electoral y del Administrador General Electoral, en su caso.”.

3) Modifícase el artículo 32, de la siguiente manera:

a) Reemplázase el inciso primero, por el siguiente:
“Artículo 32.- No podrá realizarse propaganda electoral con pintura, carteles y afiches adheridos en los
muros exteriores y cierros, sean éstos públicos o privados, salvo que en este último caso, medie
autorización del propietario, poseedor o mero tenedor; como asimismo en los componentes y
equipamiento urbanos, tales como calzadas, aceras, puentes, parques, postes, fuentes, estatuas,
jardineras, escaños, semáforos y quioscos. Tampoco podrá realizarse propaganda mediante elementos
que cuelguen sobre la calzada o que se adhieran de cualquier modo al tendido eléctrico, telefónico, de
televisión u otros de similar naturaleza.”.

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:
“Las municipalidades deberán, de oficio o a petición de parte, retirar u ordenar el retiro de toda la
propaganda electoral que se realice con infracción a lo dispuesto en este artículo. Los candidatos y los
partidos políticos estarán obligados a reembolsar los gastos en que incurran las municipalidades en el
retiro de dicha propaganda.”.

c) Reemplázanse, en el inciso segundo que ha pasado a ser tercero, las expresiones “con elementos
colgantes” por “con elementos móviles”, y la forma verbal “pudiendo” por la frase “estando facultadas
para”.

d) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, corresponderá al concejo municipal de cada
comuna determinar aquellas vías públicas en que, excepcionalmente, la propaganda electoral por medio
de elementos móviles o por avisos luminosos o proyectados, no podrá desarrollarse bajo ningún concepto,
por estimarse que aquella pudiere afectar o interferir el normal desarrollo de las actividades cotidianas de
la comuna.”.

4) Reemplázase el inciso primero del artículo 126, por el siguiente:
“Artículo 126.- El que hiciere propaganda electoral con infracción a lo dispuesto en el inciso primero del
artículo 32, será sancionado con multa a beneficio municipal de una a veinte unidades tributarias
mensuales.”.

5) Agrégase el siguiente artículo 153 A, nuevo:
“Artículo 153 A.- El plazo de prescripción para las faltas, infracciones o delitos establecidos en esta ley,
incluidos los delitos conexos a ellos, será de un año contado desde la fecha de la elección
correspondiente.”.

Artículo 56.- Modifícase el inciso segundo del artículo 107 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, de la siguiente forma:

a) Intercálase a continuación del punto (.) que sigue al guarismo 74, la siguiente nueva oración: “Además,
dicha declaración consignará el nombre, cédula de identidad y domicilio del Administrador Electoral y del
Administrador Electoral General, en su caso.”.

b) Intercálanse en la oración final, a continuación del vocablo “declaración”, la primera vez que aparece,
las palabras “o su omisión.”.

Artículo 57.- Reemplázase el artículo 54 de la ley N° 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos
Políticos, por el siguiente:
“Artículo 54.- El plazo de prescripción para las faltas o infracciones establecidas en esta ley, incluidos los
delitos conexos a ellas, será de un año contado desde la fecha de la elección.”.

Artículo 58.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley para el Servicio Electoral se financiará
con cargo a los recursos que se contemplen en el presupuesto del año respectivo. Si tales recursos no
fueren suficientes, el Ministerio de Hacienda podrá suplementarlos con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104
dela Partida Tesoro Público del presupuesto del sector público del mismo año.

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo Primero.- Los partidos políticos tendrán el plazo de seis meses, contado desde la vigencia de la
presente ley, para adecuar su funcionamiento a las disposiciones sobre contabilidad, balances, límites y
publicidad que ésta establece. Dentro del mismo plazo deberán adecuar a las normas del artículo 21
cualquier entidad que haya cumplido las funciones señaladas en dicho artículo o disolverlas, traspasando
sus bienes al partido, a la entidad recaudadora que se forme de conformidad a lo dispuesto en esta ley o
a un instituto de formación que se registre en el Servicio Electoral. Los traspasos de bienes que se
produzcan de conformidad a esta norma quedarán exentos de toda clase de impuestos.

Los plazos a que se refieren los artículos 54 de la presente ley y 54 y 153 A que esta ley introduce a las
leyes N° 18.603 y N° 18.700, respectivamente, se aplicarán a todas las elecciones verificadas con
anterioridad a su entrada en vigencia.

Artículo Segundo.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, y sólo para los efectos de las elecciones
parlamentarias de 2017, 2021, 2025 y 2029, en el caso de las mujeres candidatas a diputadas y a senadoras
que hayan sido proclamadas electas por el Tribunal Calificador de Elecciones, los partidos políticos a los
que pertenezcan tendrán derecho a un monto de quinientas unidades de fomento por cada una de ellas.
Con cargo a dichos recursos, los partidos políticos podrán implementar programas y desarrollar
actividades de fomento a la inclusión y participación de las mujeres en política.

Artículo Tercero.- Para las elecciones parlamentarias de 2017, 2021, 2025 y 2029, las candidatas a
senadoras y diputadas tendrán derecho a un reembolso adicional de sus gastos electorales, de cargo fiscal,
de 0,0100 unidades de fomento por cada voto obtenido, en conformidad al procedimiento dispuesto en
el artículo 15 de esta ley.

Artículo Transitorio Ley N° 20.937

Artículo transitorio.- El Director del Servicio Electoral deberá, dentro de los tres días siguientes a la fecha
de publicación de esta ley, dictar las resoluciones necesarias para adecuar los límites de aporte personal
que los candidatos a concejal pueden efectuar en sus propias campañas, de conformidad a lo establecido
en la presente ley.”