Presidenta de Servel expone ante Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados por reforma al sistema político y electoral

La Presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Pamela Figueroa, expuso hoy como invitada en la sesión especial de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados sobre el proyecto refundido de “reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental, en lo relativo al sistema político y electoral”.

Tras su intervención, Figueroa respondió las preguntas de los legisladores sobre distintos aspectos técnicos del proyecto, que el Senado aprobó en primer trámite constitucional el pasado 10 de junio y fue enviado a la Cámara Baja, donde actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional.

En lo fundamental, la iniciativa sanciona con la pérdida de escaño a las y los parlamentarios que renuncien al partido político por el cual fueron elegidos y fija un umbral mínimo del 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional para que los partidos accedan a la distribución de escaños en la Cámara. Agrega que, en caso de no alcanzar el mínimo, los escaños se redistribuirán entre los partidos del mismo pacto electoral, en forma proporcional a los votos obtenidos por cada uno.

Sobre el eventual cese de cargos por renuncia a partidos, Pamela Figueroa indicó que se debe establecer un plazo específico para que los parlamentarios y las colectividades informen al Servel, para permitir dar cumplimiento oportuno a la norma.

Respecto de la asignación de escaños entre distritos, Pamela Figueroa recordó que la reforma de 2015 establecía una actualización tras el Censo de 2022, el cual no se realizó, por lo que esta materia debería definirse con base al censo de 2024 y aplicarse en 2026.

Y en relación al umbral de 5%, la Presidenta del Consejo Directivo de Servel planteó la necesidad de que se complemente con una ley orgánica constitucional que defina las reglas de asignación de los escaños. En este sentido, destacó la importancia de observar los tiempos necesarios en la tramitación de la normativa, para evitar vacíos legales que afecten su aplicación en procesos electorales.