Autonomía Constitucional de Servel será promulgada

Publicado en: Noticias |
14
Sep 2015
 
El Congreso aprobó la reforma constitucional que otorga autonomía al Servel, luego de la presentación del informe consensuado de la Comisión Mixta.

De forma unánime y por 29 votos a favor, el Senado aprobó la tarde del 8 de septiembre la reforma constitucional que otorga la autonomía al Servel. Horas antes, la Cámara de Diputados había manifestado su acuerdo con 99 votos a favor y dos abstenciones.

Con esto, la iniciativa queda en condiciones de ser promulgada y transformarse en ley de la República, luego de que la comisión mixta presentara un informe consensuado que resolviera las diferencias de criterios surgidas durante su tramitación en el Congreso.

Esta reforma permitirá que la institución adquiera el rango de organismo constitucional, con real independencia de los poderes tradicionales del Estado, por lo que queda excluida de la administración de éste y no está sujeta ni al Poder Ejecutivo ni a la fiscalización del Poder Legislativo.

Con lo anterior, el Servel estará a cargo de la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios, del cumplimiento de las normas que regulan las campañas electorales y su financiamiento y  las normas sobre los partidos políticos.

El Presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría señaló: “Valoramos la iniciativa de la Presidenta de la República y la aprobación prácticamente unánime de la misma en el Senado y la Cámara de Diputados. Con esto se reconoce el rango que siempre debió tener el Servicio Electoral, organismo encargado de velar por el ejercicio de los derechos humanos civiles y políticos de las ciudadanas y ciudadanos”.

“Además asumimos con especial interés y compromiso la tarea de contribuir al desarrollo democrático del país y de colaborar en la promoción de los valores democráticos y la educación cívica o ciudadana”, agregó Santamaría.

De este modo, la iniciativa se transforma en el primer proyecto de la Agenda de Probidad y Transparencia impulsado por el Ejecutivo, en ser aprobado por el Congreso.